Skip to main content
on 11 Jan 2019 8:00 AM

El Gobierno de Navarra activa los programas EmanZipa y DaVid que desarrollan la ley de derecho subjetivo de acceso a la vivienda.


El Gobierno de Navarra ha dado un paso más en su objetivo de garantizar el derecho de acceso a la vivienda a toda la ciudadanía navarra y de fomentar precios de renta asequibles, en este caso materializando los recursos –los programas EmanZipa para jóvenes y DaVid para familias vulnerables- que permiten dar cumplimiento a la Ley Foral sobre el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, aprobada el pasado 26 de diciembre y en vigor desde hace apenas diez días.
La aprobación de esta ley pionera –una de las primeras en Europa de esta naturaleza- supone un importante avance en la consideración del acceso a una vivienda digna y adecuada como un derecho humano básico y en la construcción del edificio jurídico que configura la función social de la vivienda, anteponiendo el valor de uso sobre el valor de cambio o inversión. La ley estipula de forma subsidiaria una prestación económica para facilitar el pago de una vivienda en arrendamiento a través de deducciones fiscales, siempre y cuando la renta no supere los 650 euros mensuales, una manera de intentar evitar que se sigan disparando los precios de alquiler.
La prioridad del alquiler en las nuevas promociones de vivienda pública, la apuesta por la rehabilitación en la ciudad consolidada y el entorno rural para incrementar por esta vía el arrendamiento y la movilización de pisos vacíos a través de la Bolsa de propietarios particulares han sido los principales ejes en la apuesta que el Departamento de Derechos Sociales del Ejecutivo foral ha puesto en marcha para aumentar notablemente la oferta de vivienda de alquiler y dar respuesta a una creciente demanda.


En vigor desde el 1 de enero de 2019


El Departamento de Derechos Sociales refuerza ahora esta estrategia con los programas de ayudas económicas EmanZipa y DaVid, que facilitan el acceso a la vivienda de alquiler y la emancipación de personas jóvenes el primero y de familias en situación de vulnerabilidad por insuficiencia de recursos económicos para financiar el acceso a la vivienda, el segundo. Estas líneas de ayudas ya se han materializado tras entrar en vigor el pasado 1 de enero la Ley Foral 28/2018 de reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda en Navarra.
Concretamente, tras activar las ayudas a jóvenes contempladas en el programa EmanZipa, el Departamento de Derechos Sociales ha recibido ya, durante estos diez primeros días del año, un total de 80 solicitudes de reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, que se tramitan directamente con el Departamento de Hacienda.
El programa EmanZipa contempla una ayuda del 50% sobre el pago de la renta de alquiler –hasta un máximo de 250 euros mensuales- y está dirigido a jóvenes de entre 23 y 30 años con ingresos anuales no superiores a los 20.000 euros o 30.000 en el caso de unidades familiares. Sólo pueden solicitarse por vía telemática y no exige estar inscrito en el censo de solicitantes de vivienda protegida de Nasuvinsa.


Programa DaVid, desde Nasuvinsa


Por su parte, el programa DaVid –que gestionará Nasuvinsa- es la propuesta de derecho subjetivo de acceso a la vivienda en régimen de alquiler que tiene como destinatarias a personas y familias hasta una determinada renta de ingresos. En este caso, sí exige inscripción previa en el censo de solicitantes de Nasuvinsa con al menos un año de antigüedad y tener menores a cargo.
A su vez, los servicios de la sociedad pública Nasuvinsa se han reforzado con la contratación de cuatro personas en un área específica que, a partir de este mismo lunes, gestionará el programa DaVid de ayudas para que familias con escasos recursos económicos puedan hacer frente a los gastos de un alquiler de vivienda.
Las personas interesadas en acceder a las ayudas de los programas EmanZipa y DaVid deben tener unos ingresos mínimos de 3.000 euros anuales, no disponer de bienes o derechos por encima de los 90.000 euros, estar empadronados en Navarra, no ser titulares de una vivienda en propiedad –salvo excepciones por viviendas inadecuadas- ni haber transmitido una en los últimos cinco años, no tener parentesco con la parte arrendadora o que la renta de la vivienda no supere los 650 euros, entre otros requisitos.